En sesión no presencial de la Plenaria del Senado de la República, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, presentó los resultados más destacados de la estrategia definida para garantizar la efectiva administración de justicia durante la emergencia económica y social decretada por el Gobierno Nacional para controlar la pandemia del Covid-19. 

Con ayuda de las herramientas virtuales, la Fiscalía ha facilitado la recepción de las denuncias ciudadanas y ha presentado ante la justicia a los responsables de las diferentes conductas ilegales. Desde la declaratoria del aislamiento preventivo obligatorio, los fiscales en todo el país han participado en cerca de 16 mil audiencias virtuales, en una articulación con la Judicatura y a la espera de establecer un mecanismo que agilice la práctica de las diligencias.  

Violación de medidas sanitarias 

Por presuntos incumplimientos a las disposiciones sanitarias definidas para mitigar la propagación del coronavirus, la Fiscalía ha avanzado en la identificación, ubicación y judicialización de personas que han puesto en riesgo la salud de los colombianos. 

A la fecha, 1.204 hechos relacionados con violación de medidas sanitarias han sido conocidos (717 están en etapa de indagación, 475 en investigación con imputación de cargos, 8 se encuentran en juicio y 4 casos fueron terminados anticipadamente). 

“Nosotros no nos tomamos a la ligera las circunstancias sanitarias”, enfatizó el Fiscal Barbosa.  

Transparencia por la emergencia 

La relación tripartita del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado; el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte; y el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, permitió poner en marcha una estrategia de articulación interinstitucional contra la corrupción para salvaguardar los recursos destinados a la atención de las necesidades de los colombianos durante la emergencia sanitaria. 

En el marco de este plan conjunto denominado ‘Transparencia por la Emergencia’, la Fiscalía ha realizado 125 iniciativas investigativas y 40 indagaciones, ha impartido 140 órdenes de policía judicial y revisado más de 3.000 contratos.  

Por su parte losfiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia adelantan 14 procesos contra aforados, entre ellos, un ministro y 11 gobernadores. 

“No es posible ni aceptable que cualquier funcionario público de este país se quede con los recursos o se apropie, o los utilice de manera indebida, en ninguna circunstancia, y menos en la pandemia”, señaló el Fiscal General de la Nación.  

Seguridad ciudadana y violencia intrafamiliar 

El Fiscal General habló de la nueva dinámica criminal ocasionada por el confinamiento. En su intervención destacó que, por ejemplo, el homicidio, las lesiones personales y los hurtos han presentado disminuciones, mientras otras conductas han aumentado. 

Respecto al delito de violencia intrafamiliar, el Fiscal aseguró que se han creado 8.937 noticias criminales, 459 casos han ido a acusación.   

En cuanto al feminicidio se ha logrado, en tres meses, un esclarecimiento del 91% de los casos. “Le pedimos a la Judicatura que nos ayude con la preclusión de 5 procesos por la muerte de los indiciados, para poder informarle al país que alcanzamos un esclarecimiento del 100%”. Sobre violencia de género, la Fiscalía ha venido trabajando de forma articulada con el ICBF, y el cuerpo élite de la Policía Nacional. 

Crimen organizado 

Las acciones de la Fiscalía también están dirigidas a combatir la criminalidad organizada. Desde el inicio de la pandemia han sido capturados 129 integrantes de distintos Grupos Armados Organizados como el ELN, el Clan del Golfo y Los Caparros. Al respecto, la Dirección de Apoyo contra la Criminalidad Organizada expidió seis órdenes de captura contra excabecillas de las FARC, excluidos por la JEP por el reclutamiento de 316 niñas, niños y adolescentes. De igual manera, se han realizado imputaciones contra 5 jefes del ELN.

Finalmente, el Fiscal General enfatizó en que no va a aceptar ni a permitir que se utilicen las instituciones del Estado para conculcar los derechos de los colombianos, de los periodistas o abogados; ni que se creen mecanismos de perfilamientos a personas cercanas al Presidente de la República, por ser un asunto de seguridad nacional.   

*Con información de la Fiscalía General de la Nación